Los tribunales Superior Electoral y de Cuentas de la Unión tienen en sus manos el destino de la Presidenta, a riesgo de perder su mandato por anulación de su victoria o por un impeachment por maniobras contables del gobierno. Ayer, el segundo rechazó el balance del Ejecutivo.
Por Fernando Fuentes
Un día después que el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzó a investigarla por financiamiento ilegal de la campaña que derivó en su reelección en 2014, la Presidenta brasileña Dilma Rousseff criticó ayer a supuestos “golpistas” que buscan anticipar su salida del gobierno y pidió “imparcialidad” a los jueces. La petición se produjo poco antes que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) detectara irregularidades en los balances del Ejecutivo y decidiera recomendar al Parlamento que rechace las cuentas públicas, lo que no ocurría desde 1937. Entre las anomalías halladas figuran la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y unas polémicas maniobras para reducir el cálculo del déficit fiscal.
Tales maniobras consistieron en retrasar el pago de fondos destinados a los programas sociales gubernamentales a los bancos públicos que los gestionan, lo que permitió al Ejecutivo reducir en 7.000 millones de reales (unos 1.795 millones de dólares) el déficit fiscal, que fue récord el año pasado a pesar de estas artimañas. El rechazo de las cuentas allanaría el camino para la apertura de un proceso de impeachment en el Congreso. Así, el TSE y el TCU tienen en sus manos el destino político de Rousseff.
¿Qué analiza el TSE?
La justicia electoral decidió reabrir la indagación sobre presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial del oficialista Partido de los Trabajadores en 2014, por medio del uso de fondos desviados del esquema de corrupción en Petrobras. Se trata de una de las 5 demandas presentadas por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que dirige el senador Aécio Neves, candidato que perdió por apenas 3 puntos ante Rousseff en las presidenciales de octubre. Es la primera vez que la justicia electoral abre una causa de este tipo contra un Presidente en funciones.
¿Qué indaga el TCU?
Según el equipo técnico del TCU, durante su primer mandato (2011-2014), Rousseff retrasó varias veces la transferencia de fondos con que los tres bancos públicos debían cancelar las cuotas de programas sociales, como Bolsa Familia. Sin estos giros, las entidades se veían obligadas a hacer los desembolsos con su propio dinero, lo que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se cree que estas “pedaleadas fiscales”, que implicaron US$ 11.500 millones desde 2011 -según el diario argentino La Nación-, apuntaban a maquillar el estado de las cuentas públicas, que en 2014 tuvieron un déficit primario de US$ 10.100 millones, el primero en la historia de Brasil.
¿Cómo es el proceso?
Una vez presentado el veredicto del TCU será enviado al Congreso. Allí los parlamentarios evaluarán si una eventual violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal es causal para iniciar un juicio político. Si el Congreso no aprueba las cuentas, la oposición usaría ese hecho para pedir la apertura de un proceso de impeachment contra Rousseff. Además de eso, apunta O Estado, el rechazo de las cuentas indicaría que el gobierno perdió sustentación en el Legislativo, ya que este poder del Estado nunca reprobó las cuentas de un Presidente. “Incluso si hay rechazo de las cuentas, que espero no lo haya, eso no es sustento para un pedido de impeachment”, retrucó el nuevo jefe de gabinete, Jacques Wagner.
En el caso del TSE, si el tribunal condenara a la mandataria y su vicepresidente, Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), su victoria quedaría impugnada como lo pregona el PSDB. En ese caso, se extinguirían sus mandatos, por lo que asumirá el presidente de la Cámara de Diputados, el tercer cargo en la línea sucesoria, quien deberá convocar a nuevas elecciones. Se trata del opositor Eduardo Cunha.
¿Qué puede hacer Rousseff?
En el caso de un fallo adverso en el TSE, la profesora de Derecho Electoral de la Fundación Getulio Vargas, Silva Batini, dijo que Rousseff aún podría recurrir a la Corte Suprema. “Cabe un recurso dentro del TSE, llamado embargo de declaración, y con certeza un recurso extraordinario a la Suprema”, indicó.
En cuanto al TCU, el Palacio de Planalto intentó que el tribunal apartara al juez encargado de la investigación, Augusto Nardes, por considerar que ha efectuado declaraciones condenando a Rousseff y que no es imparcial. Sin embargo, el TCU rechazó el pedido.
La tentativa del gobierno era retrasar lo máximo posible el análisis de esas cuentas para que la mandataria pueda recuperar su apoyo en el Congreso.
Sin embargo, ayer sufrió otro revés en el Legislativo, luego que se pospusiera por cuarta vez la votación sobre si rechazar los vetos que Rousseff buscaba contra dos proyectos de gasto fiscal. Todo en una jornada en la que Dilma había asegurado que ve “luz al final del túnel”.
(Fuente: http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/10/678-650495-9-los-dos-tribunales-donde-se-juega-el-futuro-de-la-gestion-de-rousseff.shtml y selección de Patric)
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